Dentro de aproximadamente cuatro meses entrará en vigor la conocida como nueva Ley del Aborto, que contempla, entre sus modificaciones a la normativa anterior, la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.

El Pleno del Senado aprobó el pasado miércoles 24 de febrero de manera definitiva la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor a los cuatro meses de dicha publicación, al rechazar las 88 enmiendas que se habían presentado.

La parte del texto que no contenía ninguna enmienda ha sido aprobada por 132 votos a favor (PSOE, Entesa, tres senadores de CiU, PNV, BNG, el representante del PSM-EN, dos senadores independientes de Navarra e Ibiza y uno de Coalición Canaria), 126 en contra (PP, tres parlamentarios de CiU y la representante de UPN, el del Partido Aragonés y otro de Coalición Canaria), y una abstención (CiU). Esa misma mañana, el Pleno del Senado rechazó los tres vetos presentados por el Partido Popular, Unió y Unión del Pueblo Navarro (UPN) por un margen de entre cuatro y ocho votos.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien ha sido la encargada de llevar el peso de todo el proceso desde que el Gobierno planteó la modificación de la Ley del Aborto, ha agradecido una vez más en nombre del Gobierno "el trabajo y el esfuerzo" de los grupos parlamentarios por hacer "un ejercicio poco común y muy difícil en política, que es el estar dispuesto a ceder en determinados posicionamientos para contribuir al acuerdo".

En su opinión, "hoy tenemos una ley mejor que la de ayer, con más garantías, con más seguridad y con más claridad para las mujeres que deciden libremente acerca de su maternidad". "Tenía mucha confianza en el trabajo que se desarrollara por parte de los grupos parlamentarios, confianza que no se ha visto defraudada, como me consta que tampoco se ha visto defraudada la confianza de miles de mujeres de este país", destacó Aído, que añadió que "la nueva normativa trata de dar coherencia al marco jurídico y evitar intervenciones clandestinas".

Pero, como siempre, no todo han sido felicitaciones. La Ley del Aborto no es del todo aceptada por todo el mundo y a parte de suscitar una gran polémica, cuenta con la oposición del Partido Popular, la Iglesia Católica y los grupos pro vida, que ya han empezado a hacer campaña en contra, planteándose, incluso, recurrir la nueva normativa ante el Tribunal Constitucional.

Claves de la nueva ley

En España, actualmente, desde 1985, es legal interrumpir voluntariamente el embarazo en el caso de los siguientes supuestos y plazos: si hay grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada (para lo que no hay límite de semanas de gestación); en caso de embarazo consumado en una violación de la que exista denuncia policial (hasta las 12 semanas); y ante la presencia de "graves taras físicas o psíquicas para el feto", es decir, anomalías fetales incompatibles con la vida, alteraciones cromosómicas o defectos mayores del desarrollo del feto que comprometan su vida como persona sana. A este tercer supuesto se lo denomina aborto eugenésico (hasta la semana 22).

A partir de ahora, la nueva ley permitirá a la mujer española abortar libremente en las 14 primeras semanas de gestación y hasta la 22 cuando se detecten graves peligros para la salud de la madre o malformaciones en el feto. Pasado este tiempo, sólo se podría abortar en caso de anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable. En este caso, un comité médico dictaminará su pertinencia.

De este modo, la nueva normativa recoge la recomendación que el Comité de Expertos, que estudió la reforma el pasado mes de marzo, realizó al Ministerio de Igualdad, y que exponía la necesidad de ampliar el plazo de interrupción voluntaria del embarazo, sin alegar un porqué, a las primeras 14 semanas de gestación.

Asimismo, uno de los puntos más polémicos de la nueva normativa, el que hace referencia a las menores, ha quedado fijado de la siguiente manera: las chicas de 16 y 17 años deberán informar al menos a uno de sus padres o tutores legales de su deseo de abortar, salvo que puedan alegar fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles "un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".

Prestación pública y gratuita

Por otro lado, con la nueva Ley, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) será una prestación pública y gratuita, y el Estado velará por su cumplimiento en todas las Comunidades Autónomas a través de la Alta Inspección Sanitaria. Hasta ahora, menos del 3 por ciento de los abortos se practican en centros públicos, aunque algunas comunidades financian estos servicios en otros centros. Con la nueva normativa la sanidad pública sí garantizará la práctica del aborto o, al menos, lo financiará en centros privados concertados.

También hay cambios respecto a las penalizaciones. Así, según la Ley de 1985, un aborto fuera de la ley podía enviar a la cárcel al médico (de 1 a 3 años) así como quedar inhabilitado entre uno y seis años. Para la mujer, existía pena de prisión, de seis meses a un año, o una multa. Ahora desaparece la pena de cárcel para la mujer que aborte fuera de los casos permitidos, aunque se prevén multas que dependerán de las circunstancias. Para el médico continúan las penas de cárcel de uno a tres años e inhabilitación de uno a seis.

Por otro lado, cobra una gran importancia la información y asesoramiento a las mujeres. Así, a partir de ahora cualquier mujer que decida abortar recibirá un sobre cerrado con información sanitaria y social con sus derechos y ayudas económicas a las que tiene derecho, por si prefiere continuar con la gestación. Dentro también habrá folletos con los pros y contras de abortar, así como los centros donde puede hacerlo.

A continuación, las mujeres tendrán al menos tres días para reflexionar antes de decidir si siguen adelante con la interrupción del embarazo, es decir, ninguna mujer podrá hacerlo a las 48 horas. De este modo, según la ministra de Igualdad, se "garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas".

El aborto en España

Un total de 115.812 mujeres interrumpieron de forma voluntaria su embarazo en 2008, 3.675 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 3,2 por ciento, cifra que el Ministerio de Sanidad y Política Social interpreta como una estabilización, ya que se sitúa "muy por debajo del 10,3 por ciento experimentado en 2007 y también por debajo de los incrementos superiores al 6 por ciento registrados desde 2004".

Según los datos del informe 2008 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), hechos públicos el pasado mes de noviembre por el Departamento de Trinidad Jiménez, esta estabilización se refleja con más claridad en la tasa por cada mil mujeres entre 15 y 44 años, que es la considerada la edad fértil. De este modo, en 2008 la tasa de abortos por cada mil mujeres fue de 11,54, frente que a 11,49 del año anterior. En el caso de las menores entre 15 y 18 años dicha tasa fue de 10,91, frente al de 10,92 de 2007.

Sanidad precisa que esta estabilización es "especialmente interesante si se tiene en cuenta el crecimiento poblacional y los datos de años anteriores, mucho más elevados". De hecho, en el caso de las menores de 18 años la cifra de IVE fue de 10.221, un 1,27 por ciento inferior a la registrada en 2007, cuando se registraron 10.353 interrupciones.

Por edades, las mayores tasas de abortos se produjeron en mujeres de entre 20 y 24 años (un total de 28,389 IVE, 21,5 por cada 1.000 mujeres), seguido de las mujeres de entre 25 y 29 años (28.859 IVE, 16,49 por cada 1.000) y las menores de 19 años, grupo de edad en el se registraron casi 15.00 abortos, con una tasa de 13,48 por cada 1.000 mujeres. De estos, 14.464 se produjeron en mujeres de entre 15 y 19 años y 475 en menores de 15 años.

En cuanto al grupo de mujeres de entre 30 y 34 años se registraron 22.745 abortos, a las que siguen los 14.944 casos entre los 35 y los 39 años y los 5.519 IVE en mujeres de 40 a 44 años. Sanidad registró igualmente un total de 417 casos en mujeres de más de 44 años.

Soltera, asalariada y sin hijos

El perfil de la mujer que en 2008 se sometió a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una mujer soltera (68,23%) con estudios de segundo o tercer grado (98,4%), asalariada (61,56%), sin hijos (47,31%) (aunque un tercio (34%) tiene ya uno o dos hijos) y sin haberse sometido a ningún aborto previo (66,24%). Sin embargo, una de cada cuatro (23,47%) ya se había realizado esta intervención en una ocasión anterior y otro 8 por ciento lo había hecho incluso más veces.

El informe, que recoge por primera vez datos de la interrupción voluntaria del embarazo según lugar de residencia y nacimiento de la mujer, revela que más de la mitad de las IVE practicadas en 2008 correspondió a mujeres nacidas y residentes en España (54,5%), con un total de (63.211 intervenciones, frente al 43,6% de mujeres procedentes de otros países y residentes en España (50.569 intervenciones).

Entre las mujeres extranjeras, las procedentes de América del Sur se sitúan en primer lugar (26.538), seguidas de las originarias de otros países de Europa (12.781), África(6.149), América del Norte, Central y Caribe (3.328), Asia (1.730) y Oceanía (12), y en otros 31 casos no se registró su origen. Las mujeres no residentes en España, sean españolas o extranjeras, sumaron 2.031 IVE, lo que representa un 1,75% de la cifra global.

En cuanto al centro en el que se llevaron a cabo, el informe señala que durante 2008 sólo el 2 por ciento de los abortos se realizaron en hospitales públicos y un 10,86 por ciento en privados, mientras que el grueso de las intervenciones se llevaron a cabo en centros extrahospitalarios de carácter privado (87,23%). Casi nueve de cada diez interrupciones (88,7%) se realizaron antes de las 12 semanas de gestación, dos tercios de ellas (62,9%) antes incluso de las ocho semanas. La salud de la madre fue prácticamente la razón única para la interrupción de la gestación (96,96% de los casos), seguida del riesgo fetal (2,86) y la violación (0,02%).

Las mayores tasas de abortos se registraron en las comunidades de Murcia y Cataluña (con 16,59 y 16,49 casos por cada 1.000 mujeres respectivamente), seguidas de Madrid (15,79), Baleares (14,13), Aragón (12,6), Andalucía (11,29) y Canarias (10,03). A éstas le siguen La Rioja (9,22), Castilla-La Mancha (8,54), Asturias (8,07), País Vasco (7,02) y Castilla y León (6,78), mientras que las tasas más bajas pertenecen a Ceuta y Melilla (3,26), Galicia (3,53), Cantabria (6,09), Extremadura (6,11) y Navarra (6,13).

En cifras totales, de las 115.812 interrupciones voluntarias del embarazo casi una de cada cinco se produjeron en Cataluña (un total de 25.379), siendo la comunidad con más casos por delante de la Comunidad de Madrid (22.126), Andalucía (20.574) y Comunidad Valenciana (11.580). La comunidad que registró más abortos de mujeres menores de 19 años fue Andalucía (3.198), seguida de Cataluña (2.730), Comunidad de Madrid (2.497), Comunidad Valenciana (1.625), Murcia (679) y Canarias (672).